Fue para un 10 de mayo de 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó de manera parcial y en tres casos el aborto en Colombia. Tras el fallo que causó revuelo mediático y desató diferentes opiniones de sectores políticos y religiosos; La Sentencia C-355 de 2006 se constituyó como un derecho fundamental y reproductivo para las mujeres frente a la decisión de seguir o interrumpir su embarazo.
Este fue el punto de partida, para que organizaciones como
Women’s Link Worlwide,
Profamilia, La Mesa por la vida y la salud de la mujer y Oriéntame, iniciaran un trabajo constante por cerrar brechas en el acceso a información, eliminar barreras, estigmas y seguir trabajando de manera inalcanzable por la garantía y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Sin embargo, la tarea no ha sido fácil. El último estudio de la unidad de investigaciones de
Profamilia “Estigma asociado a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia” señala que a la fecha el 80% de mujeres que se han practicado un aborto en nuestro país, enfrentan estigmas por parte de la comunidad y barreras frecuentes para acceder a un servicio de IVE seguro.
De manera paralela, el desconocimiento de las tres causales despenalizadas -especialmente la casual salud mental– se ha convertido en una barrera frecuente que lleva a las mujeres a optar por opciones clandestinas por miedo al señalamiento y estigmatización.
Esta situación se agudiza en el contexto rural, pues son las mujeres de poblaciones indígenas y afrocolombianas quiénes en condiciones de pobreza extrema y siendo – en algunos casos – víctimas de violencia sexual, son obligadas a llevar embarazos con complicaciones de salud que pone en riesgo su vida y su salud. (Lea también:
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Muestra de esto es el informe Forensis 2014 del Instituto de Medicina legal, que registra un porcentaje del 44, 30% de violencia sexual en el departamento de Chocó frente a las IVE realizadas en la clínica de
Profamilia de esa región que correspondió a 15 interrupciones voluntarias de embarazo de 2012 a 2016; una cifra menor frente a los porcentajes entregados por el estudio.
Son diez años de avances, pero también de barrera tangibles que se siguen combatiendo desde el marco jurídico, de acceso a servicios de salud de calidad y de hacer realidad para todas las mujeres el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo desde cualquier lugar del país, de la misma forma que se accede a otros servicios de salud.