- La Encuesta Nacional de Parto y Nacimiento en Colombia, realizada por el Movimiento Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, en alianza con Profamilia, la Universidad Icesi, Universidad Antonio Nariño, demostró que se presentan casos de violencia obstétrica en el país. Estos son los primeros datos que tiene Colombia con respecto a las prácticas médicas en el tema.
- Los casos registrados por la encuesta se relacionan principalmente con violencia verbal, represión de emociones y amenazas o intimidación.
- A pesar de su tipificación como delito en el Código Penal desde 2018, la violencia obstétrica, definida como cualquier acto de abuso o falta de respeto durante el embarazo, parto y postparto, es una problemática notable en Colombia. La Encuesta demuestra que aún hay grandes barreras que impiden la garantía de un servicio seguro, libre de discriminación y respetuoso.
El Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia (MNSSR), la Universidad Icesi y la Universidad Antonio Nariño realizaron un estudio, analizado por Profamilia, que demostró que los casos de negligencia (experimentada por 42,2% de los partos), represión de emociones (35,7%) y amenazas o intimidación (27,1%) son las principales causas de violencia obstétrica en el país.
Estos hechos que, desde el 2018, están tipificados como delito en el Código Penal de Colombia, siguen siendo una problemática frecuente en el país. La violencia obstétrica hace referencia a cualquier acto de abuso, maltrato o falta de respeto, verbal o físico, que se ejerce contra mujeres y personas no binarias gestantes durante el embarazo, parto y postparto.
La investigación, “Encuesta nacional de parto y nacimiento en Colombia”, también permitió identificar que, de los 2.943 partos, el 47,8% presentó complicaciones físicas y 34,1% implicaciones con su salud mental.
Por otro lado, se evidenció que, entre el 60,2% que experimentó un parto vaginal, solo el 6,3% tuvo la posibilidad de decidir sobre la posición durante el parto, lo que representa una objeción contra su autonomía. En cuanto a los partos que se dieron por cesárea (que representan 39,8% del total), la recomendación de la OMS es entre 10 y 15% así mismo, el 33,1 % no recibió información ni dio consentimiento respecto a este procedimiento.
Además, en el 15,6% de los partos se experimentó contacto físico irrespetuoso por parte de los profesionales de la salud. Las situaciones de maltrato o discriminación se dieron con mayor frecuencia entre las mujeres más jóvenes, aquellas que no contaban con la dilatación esperada, quienes tenían sobrepeso o eran madressolteras. Así mismo, la encuesta revela que se vulneran ciertos derechos de forma sistemática, ya que solo en el 33,7% de los partos la gestante estuvo acompañada continuamente por la persona que ella eligió, y en el 26,5% fueron separadas de su bebé después del nacimiento sin ninguna razón de salud.
“Evitar que más mujeres y personas gestantes experimenten cualquier tipo de violencia obstétrica debe ser prioridad para todo el personal del sector de la salud. Los resultados de la investigación demuestran que es necesario implementar protocolos de atención y capacitaciones para el personal médico que permitan experiencias más respetuosas e informadas para las personas gestantes.
Como entidad promotora de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia hacemos un llamado a todos los actores a visibilizar los casos de violencia obstétrica, brindar información clara y oportuna a quienes se encuentran gestando y disponer de los canales de atención pertinentes para hacer frente a estos hechos, con el respectivo acompañamiento profesional”. Señaló Paola Montenegro, directora de Investigaciones de Profamilia.
El estudio también comparte una serie de recomendaciones para que estos actores implementen políticas e iniciativas inclusivas, que reduzcan estos casos que atentan contra la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas:
- A entes gubernamentales, de control y tomadores de decisión: asegurar protocolos de atención libres de cualquier tipo de discriminación, incorporar un seguimiento de las políticas y programas de salud materno-infantil, así como la promoción de la participación activa de mujeres y grupos vulnerables para reducir las brechas de acceso y calidad en zonas rurales o comunidades excluidas.
- A profesionales de la salud: capacitar al personal en la identificación y atención de necesidades de grupos vulnerables, aplicando enfoques de género y diversidad sexual. De igual forma, fomentar la empatía y el respeto a la no discriminación en la relación con personas gestantes.
- A Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): adaptar los servicios de atención perinatal considerando necesidades de diversidad cultura, étnica, de género y orientación sexual, además de garantizar la disponibilidad de personal capacitado en enfoques diferenciales y de género en todos los niveles de atención.
Así mismo, Alejandra Ordóñez, profesora de la Universidad Icesi y miembro del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia, agregó:
“En nuestro estudio encontramos que la violencia obstétrica experimentada por las mujeres tiene características diferenciales y específicas cuando se relaciona con la pertenencia étnicoracial, la edad, el estado civil o el territorio donde ocurrió el parto. Sin embargo, los datos también nos permitieron concluir que, aunque con características diferenciales, este tipo de violencia de género ocurre en todas las capas socioeconómicas, en mujeres con altos niveles educativos, en todos los tipos de afiliación y en instituciones de salud públicas y privadas. Esto da cuenta del carácter estructural y sistemático de esta violencia, y de la urgencia por tomar acciones para transformar esta realidad.”
Profamilia resalta la urgencia de implementar estas recomendaciones para fomentar un servicio obstétrico más humanizado que le permita a todas las mujeres y personas gestantes disfrutar de manera plena sus Derechos Sexuales y Reproductivos. Igualmente, refuerza su compromiso de continuar implementando en su red de más de 50 clínicas a lo largo del país un protocolo de atención en Salud Sexual y Reproductiva, integral y humanizado, libre de violencias y discriminación.
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